Susana Jaunarena, la única tandilense que integra las listas para diputados por la sección electoral. Estaría bueno que alguien de Tandil nos represente. Cuando vayas a votar, buscá a Susana y poné a Tandil en la Legislatura provincial
viernes, 12 de octubre de 2007
lunes, 8 de octubre de 2007
Cumbre de Unión-Pro en Mar del Plata
La candidata a diputada se reunirá hoy en horas de la tarde junto a su encargado de prensa y el equipo técnico asesor en el bunker macrista de la Capital Federal.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
Unión Pro presentó sus candidatos a Intendente, concejales y consejeros escolares
Aunque la nómina ya había sido anunciada durante la inauguración del local partidario de Belgrano y Chacabuco, el sábado, en el mismo lugar, se oficializó la lista encabezada por el martillero Osvaldo Terni. La lista local de la alianza electoral entre Francisco De Narváez y los primos Mauricio y Jorge Macri está integrada exclusivamente por referentes del macrismo.
Terni aseguró que “venimos a construir y consolidar desde Tandil un cambio que se inició en Capital federal con Mauricio Macri”.
lunes, 10 de septiembre de 2007
Estaría bueno que acompañemos a estos dos tandilenses para que la ciudad tenga una genuina voz en los dos parlamentos.
viernes, 7 de septiembre de 2007
domingo, 2 de septiembre de 2007
El desarrollo para todos es posible
Acertadamente se habla de Tandil como una de las ciudades que más creció en el último tiempo a nivel nacional. Bien, esto es así, pero con ello no sólo creció la inseguridad (mostrando una proporcionalidad que no debe ser necesaria, y esto puede compararse con Rafaela por ejemplo), sino un elemento nuclear para valorar el desarrollo: Tandil tiene enormes desigualdades.
Esto hace que junto al crecimiento la ciudad se vaya escindiendo en dos, aquella que es parte del “lugar soñado” –como dice el eslogan oficial- y aquella que lo mira de lejos. Por eso no es balde preguntarse si entre el crecimiento de la desigualdad y de la inseguridad no hay una relación más o menos directa.
Edificar una CiudadPro incluye el desafío de hacer una comunidad integrada, donde todos son parte del crecimiento, donde todos viven en una ciudad en la que sus bienes son disfrutado por todos, donde no haya una ciudad para el turista y los pudientes y otra marginal que es mera espectadora, para quienes ciertamente el lugar soñado es puro sueño.
sábado, 1 de septiembre de 2007
Va a estar bueno tener seguridad
Tandil merece volver a tener seguridad, los tandilenses merecen poder volver a transitar las calles sin el temor a ser asaltados. Que una ciudad crezca no implica que deba también crecer en lo malo.
Nosotros contamos un con un ambicioso plan de seguridad que es parte de las 75 PROPUESTAS para Tandil, y, entre otras decisiones, procura generar una conciencia ciudadana que, involucrando a la comunidad, se cree un verdadero enjambrazón de control social del delito. El delito se ataca en el lugar donde se genera, se deben atacar las causas, y los funcionarios no pueden hacerse los distraídos; si todos sabemos quien vende droga, quien vive del delito, quien es honesto y quien delinque en nuestros barrios, la Policía y el Municipio no pueden desconocerlo para nada hacer. Nosotros tenemos la decisión de atacar al delito, nuestro compromiso es con los ciudadanos de bien.
Para saber más de nuestras propuestas te invitamos a nuestro local en Belgrano y Chacabuco.
lunes, 27 de agosto de 2007
Inauguración del espacio pro
El pasado domingo, con la presencia del diputado Jorge Macri y de otros referentes provinciales del Pro, inauguramos nuestra sede en Tandil y presentamos a nuestros candidatos.
La mayor de las novedades fue que por primera vez en décadas una tandilense encabezará la lista de diputados provinciales por la quinta sección electoral: Susana Jaunarena, la líder de nuestro espacio, alguien que bien sabe de nuestra realidad, alzará la voz de Tandil en la Cámara baja bonaerense.
viernes, 17 de agosto de 2007
Carta abierta a mis adversarios del PRO
Les causará sorpresa saber que los he votado ayer siguiendo las indicaciones de nuestro presidente. Llamó Kirchner a votar contra los que querían poner el Presupuesto de Buenos Aires en manos de la familia Macri y yo me acordé del Ferrocarril Belgrano Cargas, entregado sin licitación a Franco Macri por el Gobierno nacional, y voté PRO. Dijo Kirchner que había que votar contra los noventa y yo tomé las dos boletas, taché a los candidatos que habían sido funcionarios públicos en los noventa, hice la cuenta, y voté PRO. Sostuvo nuestro inefable líder que había que evitar que la derecha ganara la Ciudad, y yo me acordé del eslogan fundacional de la izquierda, “Libertad, igualdad, fraternidad”, y me pregunté quién era una amenaza a las libertades y a las instituciones que las garantizan, quién había dividido al país en dos bandos antifraternos y quién festejaba hoy como un triunfo el haber vuelto a los índices de desigualdad de 1997. Y voté PRO.
miércoles, 15 de agosto de 2007
Centroizquierda e ineficiencia
La Provincia
Por NATALIO BOTANA
Los tiene por varios motivos que convergen sobre el acto electoral del 28 de octubre próximo. En primer lugar –dato imprescindible para entender la estrategia del Gobierno– porque los comicios bonaerenses habrán de coincidir con las elecciones nacionales. En un mismo día un total de 9.716.157 ciudadanos habilitados para votar tendrán que elegir presidente, gobernador, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, y concejales municipales. Un compacto enorme reproducido en una lista sábana que, según las tendencias internas en secciones electorales y municipios, podrá fraccionarse cortando la respectiva boleta.
Los arrastres factibles, impulsados por diferentes opciones, son complejos: pueden ir desde el (o la) candidato (a) a presidente hacia el candidato a gobernador y viceversa; o desde los diferentes candidatos a intendente y de listas de legisladores que compiten dentro de un mismo paraguas. Para entender este laberinto, bastó con observar en las transmisiones por televisión de la Copa América las propagandas en la base de la pantalla de los candidatos a intendente por el Frente para la Victoria. Un desfile de rostros con lenguaje cacofónico: Kirchner (de inmediato Cristina) presidente, xxx… intendente.
Este montaje obedece al juego de las ambiciones, y asimismo a la circunstancia de que sólo una vez, contando desde 1983, un partido no peronista –la Unión Cívica Radical– ascendió al gobierno de Buenos Aires. La experiencia de 1983-1987 no se repitió más, con lo que la dominación del justicialismo en el distrito está a punto de cumplir veinte años. Se ha establecido así una tradición electoral difícil de doblegar.
Para sobrevivir, esta tradición se afinca en la estructura de las intendencias. Este es un dispositivo crucial, pues en aquellas el poder se reproduce por medio de hegemonías por ahora inalterables. La intendencia conforma entonces el suelo de la dominación hegemónica. Es dable advertirla en algunos puntos de la provincia, pero donde más resaltan estas situaciones hegemónicas es en el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires: 8.684.137 habitantes; seis millones de electores; 29 de los 30 jefes comunales en busca de su reelección.
Con estas cifras en la mano se comprende la magnitud del poder electoral bonaerense. Son tan enormes las diferencias que una sola intendencia del Gran Buenos Aires puede contener en su seno al electorado de varias de nuestras provincias. Estos indicadores podrían transmitir, a primera vista, la realidad de una política cambiante y en ebullición, pero el territorio bonaerense, y en particular el del Gran Buenos Aires, está regido por un régimen mucho más conservador: gobernadores dominantes que extraen su poder tanto de la protección que reciben del Poder Ejecutivo nacional como del apoyo que, con sus más y sus menos, le prestan los intendentes. Entre estas dos vertientes de poder el gobernador tiene que hacer su faena.
No es un trabajo fácil. Si bien el candidato a suceder a Felipe Solá, Daniel Scioli (siempre –se entiende– que se resuelva favorablemente la cuestión de su residencia), cuenta, según encuestas preliminares, con una mayoría ubicada en torno del 50%, los pronósticos no auguran un clima benigno. En rigor, mientras no se resuelva una contradicción que expondremos de inmediato, la atmósfera de la provincia siempre estará atravesada por ráfagas de borrasca.
Por la reforma constitucional de 1994, que instauró la elección directa del presidente, la ciudadanía bonaerense se ha convertido en el máximo elector. De donde resulta que, quien tenga en sus manos el poder electoral de Buenos Aires, estará muy cerca de controlar el poder electoral del país. Es curioso comprobar cómo las provincias chicas y medianas, sobrerepresentadas en el antiguo colegio electoral, entregaron en un santiamén, en la reforma de 1994, ese recurso para ellas vital.
Sin embargo, no todo está dicho, porque ese poder electoral, posible productor de las mayorías nacionales, descansa sobre una evidente debilidad fiscal. Los votos provenientes de la provincia de Buenos Aires son abrumadores; sus recursos fiscales, en cambio, siempre flaquean o son insuficientes. Subrepresentada en el reparto de impuestos de la coparticipación federal, la provincia es como un gigante con una frágil columna vertebral. Tierra del Fuego recibe $ 2665 por habitante en concepto de coparticipación federal, Santa Cruz, $1819; Buenos Aires, tan sólo $ 368.
He aquí expuesta la contradicción de marras que se acrecienta en el escenario de unas poblaciones urbanas escindidas entre ricos y pobres. Debido al número de compatriotas involucrado, el Gran Buenos Aires es el testimonio más dramático de estos contrastes: el brillo del lujo y la oscuridad de la exclusión; y todo ello en un espacio urbano pequeño, reconcentrado y atravesado por la inseguridad.
Estos temas deberían estar a la orden del día en una agenda con algún apetito por el porvenir, pero en la campaña electoral en curso parece ser más importante capturar cuanto antes el poder electoral que poner de relieve las cuestiones atinentes al poder institucional y fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Este estancamiento, dolorosamente inscripto en la actualidad, viene de lejos, como resultado de un conservadurismo tenaz que no contempló la posibilidad de modificar el diseño de ese magno distrito. Unicamente en los años ochenta del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires cedió parte de su geografía en beneficio de la Capital Federal y de los territorios nacionales, que se extendieron hacia el sur y hacia el oeste de sus fronteras.
Después de esos acontecimientos, nada o muy poca cosa: en una larga centuria, la provincia se fue colmando sin plan ni política de descentralización. Los efectos de esta inercia se condensaron en la aglomeración del Gran Buenos Aires, la cual, si bien no alcanza los niveles extremos de poblamiento de San Pablo o de la Ciudad de México, configura el mayor problema político, en términos urbanos, del país.
¿Cómo gobernar, en efecto, esas contradicciones y contrastes? Y por lo demás, ¿no habrá llegado acaso la hora de pensar, con vistas al Bicentenario, una división posible de ese gigante demográfico y electoral?
Cuesta imaginar que estos debates lleguen a la palestra pública. Por el momento, las apuestas se cifran en encuestas, apoyos de intendentes, transferencias extraordinarias de recursos. No mucho más. La mesa mejor servida para calcular los resultados posibles de un candidato justicialista con imagen centrista acodado a un candidato a vicegobernador, comisario del Poder Ejecutivo nacional. Todo para que, luego de anunciar pomposamente un cambio, muy poco, a la postre, llegue efectivamente a cambiar.
martes, 14 de agosto de 2007
Pro & Fundación Creer y Crecer: sabemos como hacerlo
Te invitamos a visitar el site de la Fundación Creer y Crecer:
sábado, 11 de agosto de 2007
¿Es posible una democracia sin república? (Nota II)
CRISTIAN SALVI
cristian@salvi.net.ar
Daniel Scioli es una persona respetada por casi todo el arco político de Argentina y también en el exterior, como se ha visto en las todas las misiones diplomáticas en dónde representó a la Nación. Incluso contra el autoritarismo del Matrimonio Presidencial, Scioli es considerado, además de una excelente persona, un dialoguista, con quien es posible disentir, a punto de considerarse que el Presidente optó por él para que sea su candidato en la provincia a falta de otro que reproduzca su esquema de confrontación pero que además “mida” en la encuestas, porque es esperable que el vicepresidente no siga la lógica de la sumisión acrítica que Kirchner exige a todos sus acólitos (actitud que Scioli no tiene, y por eso sufrió a Kristina en el Senado que lo acusaba de conspirador).
Ahora bien, más allá de las cualidades personales de Scioli se suscita una aparente valla constitucional para que él pueda presentarse como candidato a la gobernación, lo que amerita una reflexión acerca de cuales son los límites de la soberanía política (si es que los hay), dado que por un lado la Constitución provincial exigiría requisitos que Scioli no tiene acabadamente cumplidos, pero por otro tendría el favor popular para resultar electo en el comicio.
Para qué una Constitución
Siempre que se da la circunstancia de que alguien lograría la cantidad de sufragios necesarios para acceder al cargo al cual aspira, pero no puede postularse por carecer de los requisitos que las constituciones exigen, se presenta la cuestión de qué valor tiene éstas cuando se oponen a los (aparentes) sentimientos del pueblo, ya que para algunos, la voz del pueblo es la voz de Dios, y nadie puede oponerse a ello, ni siquiera la Constitución. Argumentos algo más sofisticados alegan que al fin la Constitución emerge de la soberanía (originaria) del pueblo, y que el pueblo no enajenó dicha facultad sino que se la reservó, y que si cambia de parecer, es la Constitución la que debe ceder, por no reflejar el real contenido de la cesión de soberanía. (Es lo mismo que se sostiene cuando se dice que no pueden existir cláusulas pétreas, porque limitan entonces al constituyente.)
El año pasado Misiones discutió eso, porque al fin el gobernador Rovira quería someterse a elecciones cada vez que quería renovar su mandato, y aun cuando lo quisiera hacer indefinidamente, debería tener el consenso popular en cada renovación. Solá desistió de su pretensión reeleccionista a último momento, luego de que Rovira fuera derrotado y previendo un clima desfavorable, aunque en verdad quería presentarse arguyendo que la constitución provincial se lo permitía, cosa que no es así (y observen ustedes que el artículo 123 no deja lugar a otra interpretación, a diferencia del que importa respecto a Scioli que sí tiene alguna vacilación). También el gobernador de Jujuy desistió de sus pretensiones, pero no ha de olvidarse que Fellner en su momento accedió a la gobernación violando la constitución de su provincia.
Parece que estas interpretaciones heterodoxas responden a la tradición peronista. Menem quería ser re-reelecto cuando la Constitución reformada en 1994, promulgada por él, tenía un cláusula transitoria (la novena) que se encargaba de dejar claro que su mandato entre 1989-95 era considerado el primer periodo, por lo cual presentarse en 1999 era aspirar a un tercer período, algo a todas luces vedado por la Carta Magna. El mismo Perón en su primer mandato llamó a reformar la constitución porque la de 1853 le era incomoda, y lo hizo con un quórum que no era el exigido por el articulo 30 de la Ley Fundamental según las interpretaciones unánimes.
Hay distintos argumentos contra aquello de que si el pueblo elige se deben permitir mandatos indefinidos sin límite alguno, que incluso se remontan a textos de pensadores griegos como Aristóteles y Jenofonte. Pero el argumento moderno y práctico del porqué una Constitución radica en el valor seguridad respecto a las minorías, que a pesar de no poder triunfar en los comicios tienen certeza de cuales son las reglas que rigen a las repúblicas, siendo ello justamente su Carta Magna contra lo que se ha llamado “dictadura de las mayorías”. Claro, en el populismo, como es el caso del peronismo antimoderno y de la “nueva izquierda latinoamericana” (K, Chávez, Evo Morales), esto parece una contradicción en sus propios términos, ya que al exaltar al pueblo como si fuera una Ser con existencia propia, como depositaria de los intereses “verdaderos” de la sociedad, no puede equivocarse (lo que luego llevaba a considerar a quien piense distinto como un enemigo del pueblo), por lo que nada estará por encima de él.
En cambio desde posturas liberales, donde la sociedad está compuesta por individuos y no por un colectivismo diluyente, sí tiene sentido una norma que esté por encima del “pueblo”, previendo que éste pueda abusar de su poder de mayoría. Y esto es receptado por nuestra Constitución al acortar los períodos o al establecer las facultades limitadas de aquellos que fueron sin embargo elegidos, y aun si contasen con el 99 % de los sufragios: si uno no está de acuerdo tiene a la Constitución como una carta protectiva contra-mayorías. Un caso paradigmático lo dan los artículos 29 y 36 de la Constitución federal: los autores de atentados contra la democracia están inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, aunque la comunidad toda los quieran votar. (Los fallos en los casos “Antonio Bussi” -de la Corte- y el dictamen del Procurador en “Luís A. Patti” son muy enriquecedores para entender como hay veces cede la soberanía, aunque en esos casos hayan dado lugar a los actores.)
La condición de Scioli
Lo de Scioli, naturalmente, no responde a la gravedad de la inhabilitación precitada. Más, hay cierta ambigüedad de la Constitución provincial, que en su articulo 121 dice: “Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere… 3. Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella”.
Scioli recién constituyó domicilio en la Provincia cuando recibió la bendición presidencial, por lo que la cuestión estará en el alcance de la interpretación acerca de “ejercicio de ciudadanía”, porque él vivió más de cinco años, pero siendo menor, y algunos interpretan que se la ciudadanía se ejerce cuando se comienza a votar, o sea a ejercer la soberanía ciudadana.
Las interpretaciones en el Derecho son muchas veces tan flexibles como se la necesiten, por eso lo importante es la buena fe de los oponentes y la independencia de la Justicia para interpretar a conciencia. En otras palabras, quienes objeten a Scioli deben hacerlo por compromiso republicano, y no porque perderán con él en las elecciones; los que defiendan su candidatura, deben hacerlo porque consideran que la interpretación les habilita, y no con el falaz argumento de que cuando el pueblo se pronuncia no importa la Constitución, porque eso le hizo mucho mal a este país; y la Suprema Corte, que será la interprete final, debe hacerlo con independencia, sin importar la teoría exegética a la que sus ministros adhieran (pues querer hacerle decir que está inhabilitado es tan violatorio de su autonomía como decirles que lo habiliten), pues justamente su jurisdicción les permite entender según su sana crítica, pero sin presiones.
Y siempre queda el considerar injusta a la norma. Y hasta quizá lo es porque, por ejemplo, un articulo análogo es que habilitó a Cristina Kirchner para ser senadora por la provincia por el solo hecho de nacer aquí, cuando jamás le importó (ni le importa) Buenos Aires, sino que siempre defendió los intereses de Santa Cruz en el Congreso representado a esa provincia, y solo se presentó acá por el aval que significa el caudal de votos de la provincia más grande el país. (¿Se animará Scioli a servirse de este argumento, arguyendo que él tiene verdadera preocupación por Buenos Aires por encima de la letra, justo todo lo contrario de Cristina, que se abusó de la letra cuando ni conoce Buenos Aires?).
Hacerse el sueco
Por MARIO VARGAS LLOSA
La Nación, Agosto de 2005
Su compromiso con su país de adopción no ha apartado a Mauricio Rojas de América latina, por lo menos en el campo intelectual. Varios de sus ensayos -escribe en sueco y en español- se proponen informar a los suecos sobre la verdadera realidad de los países del nuevo continente y uno de ellos, que yo he leído en traducción, Historia de la crisis argentina (2003), es una excelente brújula para orientarse en la laberíntica historia del peronismo. Y, a la vez, se ha dado tiempo para abrir los ojos a los lectores de todo el mundo hispánico sobre la situación actual de Suecia, un país en el que, según Rojas, se vive desde hace algunos años una auténtica revolución, tan trascendente como discreta, es decir, muy a lo sueco.
"Hacerse el sueco" es una expresión equivalente a hacerse el desentendido, fingir no ver o enterarse de algo para evitarse una incomodidad, un esfuerzo para pasar inadvertido por razones de timidez, discreción, modestia o mera frescura. El reciente libro de Rojas, Suecia después del modelo sueco (2005), describe con claridad y precisión cómo sus nuevos compatriotas han ido, aproximadamente desde 1991, cuando Suecia vivía una crisis económica sin precedente, desmontando "la última utopía" de la izquierda intervencionista y estatizante que, con el desplome de la URSS, "se quedó con las manos vacías".
La profunda reforma del Estado benefactor la inició el gobierno conservador de Carl Bildt (1991-1994), pero la socialdemocracia, al recuperar el poder, no abolió ninguna de las reformas y más bien las profundizó. Un aspecto particularmente interesante de este proceso es que la juventud de los socialistas democráticos fue una verdadera punta de lanza de esta transformación, propiciando una campaña en torno de la idea del "poder propio", es decir, la democratización del Estado benefactor transfiriendo a los ciudadanos un derecho de elección sobre una serie de actividades y funciones que el Estado les había confiscado. ¿Cuántos de los lectores de este artículo sabían que en Suecia funciona, desde hace años y con absoluto éxito, el sistema de vouchers o cheque escolar, promocionado desde hace tantos años por Milton Friedman para estimular la competencia entre colegios y escuelas y permitir a los padres de familia una mayor libertad de elección de los planteles donde quieren educar a sus hijos? Yo, por lo menos, lo ignoraba. Antes, en Suecia, uno "pertenecía" obligatoriamente a la escuela o el hospital de su barrio. Ahora, decide libremente dónde quiere educarse o curarse, si en instituciones públicas o privadas -con o sin fines de lucro- y el Estado se limita a proporcionarle el voucher con que pagará por aquellos servicios. La multiplicación de colegios y hospitales privados no ha empobrecido a las instituciones públicas; por el contrario, la competencia a que ahora se ven sometidas las ha dinamizado, ha sido un incentivo para su modernización. El sistema de vouchers se ha extendido y, ahora, muchas municipalidades se valen de él en los servicios que prestan a ancianos y jubilados quienes, de este modo, pueden ejercer la "soberanía del consumidor" acudiendo en busca de aquellas prestaciones a las diferentes empresas que compiten por darlas.
¿Cuántos de mis lectores sabían que los trabajadores suecos ya han conquistado el derecho de disponer libremente de parte de sus ahorros para la jubilación colocando estas sumas en una gran variedad de fondos alternativos? Es decir, aquella reforma de los fondos de pensiones que se inició en Chile, que ahora trata desesperadamente -y con muy poco éxito por lo demás- de imponer la administración Bush en los Estados Unidos, es ya una realidad en Suecia desde fines de los años noventa.
Con razón dice Mauricio Rojas que "esto ha convertido a los suecos en uno de los pueblos más capitalistas de la tierra, creando un interés inusitado por los vaivenes de la bolsa de valores" ¿Por qué "inusitado"? Por el contrario: es lo más lógico que los ciudadanos empiecen a preocuparse, día tras día, por el destino de sus ahorros para la jubilación, ahora que ellos mismos pueden decidir, parcialmente al menos, dónde y en qué condiciones se invierten. Cuando es Big Brother el que decide al respecto, claro, al impotente ciudadano no le queda más remedio que cerrar los ojos y encomendarse a la Virgen de Lourdes (o a cualquier otra).
Las reformas han desmantelado una serie de monopolios estatales, privatizando total o parcialmente numerosas empresas en el área de telecomunicaciones, transportes urbanos, infraestructura y producción de energía y mediante la desregulación de otros campos donde, en la actualidad, las empresas públicas se ven forzadas a competir con las privadas en condiciones más o menos equitativas. Todo lo cual, dice Mauricio Rojas, ha ido convirtiendo "a Suecia en una sociedad de bienestar mucho más humana y libre, donde una multiplicidad de actores, tanto públicos como privados, participan como productores y donde el consumidor ha logrado una libertad de elección cada vez más amplia".
El Estado benefactor sueco se inicia con la hegemonía socialdemócrata en la vida política del país en 1932 y durante casi sesenta años funciona de manera admirable, con muy esporádicos altibajos, garantizando a la sociedad sueca unos altísimos niveles de vida, una gran cohesión social, unas diferencias de ingreso entre la cúspide y la base absolutamente razonables, libertades públicas garantizadas y un envidiable desarrollo económico. ¿A qué se debió este "milagro"? ¿Por qué en Suecia funcionó de manera tan eficaz un sistema que en todos los otros países donde se implantó -sobre todo en los países en vías en desarrollo- funcionó sólo a medias, o mal, y entró rápidamente en crisis?
Mauricio Rojas lo explica muy bien. El sistema funcionó en Suecia porque allí la bonanza económica precedió a la asunción por el Estado de todas las responsabilidades de protección social, y porque el intervencionismo estatal, ecuménico en lo relativo a la prestación de servicios sociales -educación, salud, jubilación, protección a la vejez- tuvo un límite que nunca traspasó: el de la creación de la riqueza, donde la empresa privada gozó de un amplísimo margen de libertad para ejercer todas las iniciativas y desarrollar toda su creatividad, regulada sólo por las reglas del mercado. Lo cual da una tardía justificación a una tesis de Marx que sus discípulos luego olvidaron: el socialismo será la última etapa del capitalismo, no la primera. En países pobres y preindustriales el socialismo fracasa irremisiblemente porque no hay riqueza que repartir, sólo más pobreza. Y el estatismo y el colectivismo jamás han sido capaces de desarrollar y modernizar un país.
El reparto de funciones -Estado benefactor de servicios y empresa privada creadora de riqueza- fue posible en Suecia gracias a vastos consensos que, desde los años treinta, pusieron de acuerdo a trabajadores y empresarios en respetarlo e impulsarlo, lo que dio a la vida industrial sueca una estabilidad infrecuente en el contexto europeo y un empuje poderoso. Pero, acaso, más importante todavía, fue la confianza en las instituciones públicas, en los gobernantes y en el propio sistema así erigido, por parte de la ciudadanía. Ese convencimiento íntimo de que aquella organización de la sociedad era la que convenía y de que quienes la administraban lo hacían con eficiencia y honradez es lo que permitió que el sistema se afianzara y que, por ejemplo, los suecos aceptaran dócilmente pagar los más elevados impuestos del mundo. ¿Acaso ese sacrificio no tenía extraordinarias compensaciones?
El sistema comenzó a resquebrajarse con la globalización, cuando Suecia se vio inmersa, como todos los países, en un tejido incontrolable de relaciones y dependencias que podían afectar a cada paso su sistema económico y que, por ejemplo en los años noventa, le contagiaron una crisis que fue un verdadero terremoto económico para el país. En estas condiciones, sin la riqueza necesaria para financiarlo, el Estado benefactor pasó a ser poco menos que un elefante blanco y, en vez de la garantía de la justicia social, la fuente de innumerables problemas. ¿Elevar todavía más los impuestos? Imposible. ¿Reducir las prestaciones sociales? Intolerable para una sociedad acostumbrada por seis generaciones a recibirlas. Ese es el contexto que explica lo audaz de las reformas emprendidas para "democratizar" al Estado benefactor sueco y agilizarlo y dinamizarlo recurriendo a mecanismos de desestatización y de mercado.
Tiene mucho mérito, sin duda, que ello haya sido posible sin aquellos traumas y cataclismos sociales que inmediatamente estallan en los países desarrollados, como Francia y Alemania, que, agobiados por sistemas de protección social generosos, pero infinanciables, tratan de modernizarlos para hacerlos viables. Nunca lo consiguen. Porque en esas sociedades no existe aquella confianza en las instituciones y en los gobernantes que permite aquellos amplios consensos, sin los cuales es quimérica una transformación tan radical como debe serlo aquella que se proponga hacer viable, en este momento de la historia, un sistema de prestaciones sociales al que la mera inercia demográfica vuelve cada día más oneroso e incompatible con el desarrollo económico.
Mauricio Rojas, en los capítulos finales de su libro, se interroga sobre los grandes dilemas del futuro para Suecia. Son los mismos para todas las sociedades europeas de alto desarrollo. En éstas, al igual que en aquélla, cada día habrá una población "pasiva" más numerosa a la que una población "activa" cada día más pequeña deberá mantener. ¿Cómo conseguirlo, a la vez que se preservan las libertades de la cultura democrática, se mantiene el crecimiento económico, se ganan nuevos territorios del conocimiento científico y tecnológico y se responde con eficacia a las amenazas del terror? Hay muchas respuestas a estos interrogantes y, algunas, contradictorias. Pero hay una que no tiene alternativa: es fundamental una política que promueva la inmigración, sin la cual ni Suecia ni país europeo desarrollado alguno está en condiciones de mantener sus actuales índices de producción. Desde luego, la inmigración, si no es fomentada con inteligencia y de acuerdo con un plan funcional, puede ser no la ayuda indispensable que significa en este último caso, sino el origen de fracturas sociales, de violencia y de inestabilidad. Este es un tema que ningún país europeo ha sido capaz todavía de resolver. Tampoco Suecia. En una charla privada a un grupo de amigos, Mauricio Rojas nos explicó la sorpresa y el choque emocional que había sido para muchos suecos descubrir, hace algunos años, que en esa sociedad modélica había unos bolsones de pobreza y marginación de inmigrantes que hasta entonces habían permanecido poco menos que invisibles para el grueso de la opinión pública. Y, también, el desconcierto de muchos de sus colegas en el Parlamento sueco, cuando dos diputados "inmigrantes", él y una sueca de origen africano, defendieron la tesis de que se estableciera la obligatoriedad de aprender sueco para aquellos inmigrantes que pedían la nacionalidad. ¿La razón? Que mientras no se integre cultural y cívicamente al país de adopción, el inmigrante será inevitablemente un excluido, propenso a ser explotado y abusado, y a adoptar actitudes hostiles y beligerantes contra una sociedad que siente ajena. Según él, el multiculturalismo no funciona, es incompatible con una política de inmigración eficaz, y ejemplo de ello son los casos de los portadores de bombas que produjeron las matanzas de Madrid y de Londres.
Durante varias décadas, el Estado benefactor sueco fue un modelo para una muy variada colección de políticos de todo el mundo. Fue un ejemplo que nadie pudo seguir, porque ningún país fue capaz de construirlo sobre el tipo de consensos sociales que consiguieron los suecos. Pero, a raíz de lo que ha venido ocurriendo con él, todo indica que aquel modelo no era todo lo eficiente e invulnerable que parecía. Por el contrario, es lo que están haciendo ahora en Suecia con su Estado benefactor lo que debería servir de ejemplo a los países prósperos o pobres que no quieren quedarse demasiado rezagados en esa carrera desalada y confusa en que anda metido el mundo en que vivimos.
lunes, 6 de agosto de 2007
¿Es posible una democracia sin república? (Nota I):
El dique republicano ante el abuso de las mayorías
CRISTIAN SALVI
cristian@salvi.net.ar
Cuando los ingleses y otros trazaron las bases de la democracia moderna, en medio de un paradigma similar al utilizado en la economía, se pensó que el elector era un hombre racional (como el mítico homo economicus), un arquetipo de sujeto que cuando decidía su voto lo hacía con la diligencia de un buen hombre de la democracia, diríamos, usando los mismos criterios electivos que a la hora de hacer una inversión bursátil, por ejemplo. Sin ánimo de caer en un economicismo, lo cierto es que es bastante lógico esto del reasonable man anglosajón, porque si alguien es extremadamente diligente en un negocio donde arriesga su fortuna, cuanto más debería serlo en elegir a quienes administrarán la cosa publica, en donde al ciudadano le va la vida.
Este es el lado teórico, como de laboratorio de la ciencia política. La realidad, por lo que se ve en Argentina y en el Latinoamérica en general, parece ser bien distinta: los análisis sociológicos muestran como las ponderaciones de los electores no se acercan demasiado a esto de la “elección calculada”, votándose más bien por fines accesorios y hasta banales, que van desde el análisis recortado de un candidato (o sea, tomando solo un parámetro de valoración: es “honesto”, aunque sea un tremendo ineficiente), pasando por vanidades como los aspectos estéticos hasta falsos razonamientos (típica falacia: Cuando K asumió el país estallaba, ahora crece, ergo él es el “Mesías”, y lo voto por miedo a una nueva crisis.)
Este divorcio entre lo esperado y lo real, además de ser un interesante tópico de análisis para los politólogos planifiquen nuevas estrategias, en algún modo inquieta por esta razón cardinal: cuando una sociedad tiene votantes que meditan el voto en las vísperas, tomando liviana e irreflexivamente el acto soberano, no se dan los presupuestos de una sociedad en donde el la concesión del derecho al voto implica el deber de diligencia in eligendo, para que ese consentimiento sea pleno como acto electivo. Todos vivimos en una sociedad, verdad, por lo que como socios (recuérdese como la idea contractualista fue extrapolada a la ciencia política por algunos ilustrados para explicar el nacimiento del Estado) somos responsables de las decisiones que tomamos, no solo por cada uno de nosotros, sino por los “consocios” (conciudadanos), que son parte de ese contrato, de lo cual se verán beneficiados o perjudicados por la elección que tome. Esto implica que el voto no puede ser negligente porque puedo perjudicar al otro, a quien mi elección le es oponible por el sistema de mayorías. A diferencia de una sociedad comercial, donde el socio de la minoría tiene un derecho a receso, en la sociedad política, las minorías no pueden abandonarla, pues ello significaría irse del país.
Llegamos a la clave: la democracia, que tiene el sistema del voto de las mayorías exigiendo diligencia pero sin poder justiciar acerca del voto en si mismo (porque habría una especie de censor que veta, so pretexto de irracionalidad), es combinada con la republica, lo que implica garantizar que cuando una mayoría decide, porque es falible y a veces negligente en el voto, no necesariamente es depositaria de “la” verdad, de lo cual hay limites a su poder: he aquí los sistemas de protección de las minorías. Si Alberdi y los constituyentes hubieran creído que actúa el ser hiperracional en el voto no habrían previsto todos los artículos de la Constitución dedicados actuar como mecanismos contramayorías: está, entonces, previsto que las mayorías no son “la” verdad, sino una circunstancia contingente, nada absoluta, que es limitada.
Esto nos lleva a referirnos a la falacia del vox populi, vox Dei. La mentira populista pontificó la decisión del pueblo como infalible, del mismo modo que a las mayorías, que, como decía Rousseau en el siglo XVIII, encarnarían la voluntad de todo el pueblo; esta idea de pueblo justamente permite entender el sentido del populismo, que no lo ve como al agrupación de individuos, sino como una entelequia colectivizada, con entidad propia, depositaria un “alma” (como aquello del Volkgeist alemán o su equivalente ruso: narodow). El pueblo no es infalible, se suele equivocar: a Sócrates y Cristo los condenaron las “mayorías”; a Hitler lo eligió el “pueblo”.
Conclusiones: los electores aun como mayorías no se guían necesariamente por elementos racionales, sino también por pasiones, que encima las lleva a creer que son depositarias de un interés general, de los cuales los disidentes están fuera del “Pueblo”; contra esto actúan los diques contenedores de la republica, que le pone freno al abuso de las mayorías. Por eso el regio Matrimonio Presidencial, aun ganando en octubre, no puede hacer lo que quiera, porque ahí aparece la Constitución a ponerle límites a esa arrogancia de creerse la encarnación del interés general, porque la Carta Magna nos da una formula: democracia más republica; si no el estado de derecho está cojo, como sucede en Venezuela, lo que los argentinos, aun los más pródigos en el voto, de seguro no queremos para nuestro país.
El federalismo según Kirchner
La relación del presidente Néstor Kirchner con los gobernadores provinciales ha estado signada por los intentos a menudo exitosos de "cooptación" desde el Poder Ejecutivo Nacional, mucho más que por la búsqueda de consensos genuinos.
No ha habido en los últimos cuatro años convocatoria alguna a los mandatarios provinciales para discutir políticas de Estado. Tan sólo llamados para que aquéllos hagan número y golpeen sus palmas a la hora de ciertos anuncios rimbombantes desde la Casa Rosada.
Sin embargo, no hace mucho, el primer mandatario, al anunciar obras públicas en provincias patagónicas, se expresó en favor de que "el gobierno que venga sea mucho más federal", al tiempo que sostuvo que el país no se agota en la General Paz.
La palabra presidencial no parece despojada de cierta hipocresía, en tanto que el actual gobierno no ha hecho absolutamente nada para favorecer el tan postergado debate sobre la reforma del régimen de coparticipación federal. Se trata de una exigencia de la Constitución Nacional modificada en 1994, que obligaba a fijar una nueva normativa antes de 1996. Once años han pasado tras el vencimiento de ese plazo constitucional y no hay siquiera atisbos de que la cuestión pueda llegar a discutirse.
No hay voluntad política en el gobierno nacional para debatir un nuevo régimen de coparticipación. Nadie ignora que buena parte del poder que ostenta el jefe del Estado proviene de la fuerte centralización de la recaudación fiscal y de la discrecionalidad con que las autoridades nacionales manejan el presupuesto para obras públicas en el interior del país, lo que bien se ha dado en llamar "unitarismo fiscal".
Es ésta la consecuencia de la existencia de un Estado nacional rico con provincias cuyas cuentas fiscales están cada vez más débiles.
Mientras el Estado nacional ha podido exponer en los últimos años un superávit fiscal del orden del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno gracias a la recaudación no coparticipable que le aseguran las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque -tributos distorsivos que heredó de las anteriores administraciones-, las provincias comienzan a sufrir un progresivo déficit.
La situación parece más crítica en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, curiosamente los dos distritos que más recursos aportan a la masa de recursos coparticipables. El distrito porteño apenas recibe el 1,4 por ciento de ellos pese a aportar alrededor de la cuarta parte de los fondos; la más grande provincia del país, en tanto, ha perdido nueve puntos de coparticipación desde la reapertura democrática de 1983.
La candidata presidencial por el oficialismo, pese a haber sido elegida senadora por la provincia de Buenos Aires, nada ha hecho para que el distrito al cual representa recuperase una mínima parte de aquellos recursos perdidos. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional se le está negando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de contar con los fondos que hoy se destinan a la Policía Federal en el caso de que ésta pase a depender de las autoridades porteñas, pese a que la Constitución Nacional es muy clara al respecto.
El doble discurso de la Casa Rosada sobre el federalismo queda en evidencia una y otra vez.
La desconsideración oficial pudo advertirse también este verano, cuando el gobierno nacional dispuso unilateralmente un aumento de sueldos a los docentes de todo el país, sin discutirlo previamente con los gobiernos provinciales.
Como hoy los recursos provenientes del régimen de coparticipación son insuficientes para las provincias, se emplean como compensación aportes del Tesoro Nacional y otras transferencias, manejadas discrecionalmente desde el Poder Ejecutivo Nacional, frecuentemente en función de criterios electorales.
No sería descabellado pensar que, en lo sucesivo, esa ayuda a las provincias se vea disminuida frente a un escenario caracterizado por la crisis energética y la consecuente necesidad de inversiones del sector público; el aumento del gasto público por el injustificado crecimiento de la administración central y por los nuevos jubilados que está absorbiendo el Estado, y las dificultades para obtener financiamiento a tasas convenientes. Esto podría provocar en pocos meses más reclamos de las provincias a la Nación. Ante este complicado panorama, es menester que tanto la relación Nación-provincias como el futuro régimen de coparticipación federal comiencen a debatirse seriamente.
Ese debate debería contemplar el incremento de la correspondencia entre las responsabilidades provinciales de gastar con las de recaudar; la búsqueda de fórmulas tendientes a mejorar la calidad del gasto público y, en lo posible, reducirlo, y la transferencia a las provincias de facultades para recaudar determinados impuestos nacionales.
Nada de esto podrá hacerse si desde el poder central persiste una posición cerrada, que reniega del diálogo y que confunde concertación con cooptación política.
sábado, 28 de julio de 2007
cristian@salvi.net.ar
"Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral."
Ortega y Gasset
Desde hace un tiempo se ha puesto de moda autodefinirse como “progre”, como abreviación de “progresista”. Así se califica a actores sociales como progresistas; muchos políticos —el presidente por ejemplo— todo el tiempo se autodefinen así.
¿Qué quieren decir? Semanas atrás José Pablo Feimann hacía en una inteligente observación: ser progresista presupone adherir a una vertiente de la filosofía de la historia, que sostiene que ésta progresa hacia algún lado. Claramente ello atiende a la idea de progreso, que se utiliza para referirse a un movimiento hacia una dirección deseable y de realización de determinados objetivos, esencialmente significados en un desarrollo del orden social y la consecución de un bienestar progresivamente creciente. Aunque la linealidad histórica proviene de la patrística, la idea de progreso social es típicamente de la Ilustración, donde la fe en la razón y la aplicación de los métodos las ciencias naturales a los trabajos acerca del hombre abrirían posibilidades de un progreso ilimitado. Luego, es con el post-ilustrado Hegel donde más se acentúa la historiografía del progreso —que influye en la marxista, algo distinta—, al ser el promotor de la idea moderna del progreso, materializada en la historia de la totalidad del mundo como un movimiento progresivo hacia la consecución de un bien nuclear: la libertad.
De seguro quienes se dicen “progres” no lo hacen por abonar a alguna particular filosofía de la historia (más aun, en Argentina todo parece subsumirse en una antimoderna idea del eterno retorno), sino que en verdad usan el término como un eufemismo para decir que son más o menos de izquierda, acaso autocensurando su calificación política.
También decirse de “izquierda” exige un análisis de categorías con una noción histórica, máxime cuando la clasificación está en crisis. Veamos. La distinción nace en plena Revolución Francesa (hace más de doscientos años) entre quienes eran pro-monárquicos y los maximalistas, de modo hasta anecdótico: según como se ubicaron en la asamblea. Y desde ahí se siguió usando, sobre todo en sistemas dónde, por tener monarquías, era plausible aplicar el criterio originario, aunque también comenzó a denotar la mayor o menor tendencia a las reformas, generando una clasificación paralela que es la de liberales y conservadores. Esta distinción, que en Inglaterra viene desde la Revolución Gloriosa en el siglo XVII, es perfectamente aplicable en países anglosajones (y en algún otro europeo) porque allí los liberals son los reformistas, mientas que en Argentina, los liberales son la derecha (apelativo que se da incluso en países como España donde la distinción entre izquierda y la derecha es nítida y partidariamente definida entre el PSOE y el Partido Popular). La derechización de los liberales obedece a que quienes así se definieron lo eran solo en lo económico, rechazando el liberalismo político (por eso algunos tecnócratas como Martínez de Hoz o Cavallo fueron funcionarios de la dictadura) y el costumbrista. Si nos pusiéramos estrictos, tampoco lo liberals norteamericanos son verdaderos liberales, porque propician algún intervensionismo en la economía: el verdadero liberal lo es en todo, y ello llevó a una nueva categoría que designe a estos, conocidos como libertarios, más cercanos quizá al anarquismo (así habla de anarco-capitalismo por ejemplo).
Fuera de todo esto, lo cierto es que las nociones de izquierda y derecha están desaparecidas, usándoselas solo por comodidad, aunque no responden a criterio estricto alguno. Y esto no es nuevo: en la nociones tradicionales Stalin es la extrema-izquierda, y Hitler la extrema-derecha: más allá de decir que los extremos se tocan ¿en qué se diferenciaron? No es posible trasladar categorías de la Revolución francesa a hoy porque sencillamente devienen anacrónicas, todo potenciado por la circunstancia de que toda clasificación resulta insuficiente para encasillar a la heterogénea realidad; como dice Bobbio, deberíamos sino hablar de izquierda, derecha, y con ello de un centro; de ello, centro-derecha y centro-izquierda; más también, de extrema-izquierda y extrema-derecha; cuando no de más intermedios, sin contar con ello a las vertientes populistas. ¿No es más fácil designar a cada cual por lo que suscribe?
¿Progresistas o “estanquistas”?
Usando el sentido semántico estricto, y relacionado su paralelo anglosajón, son progresistas aquellos políticos que luchan por el progreso de la sociedad, en un movimiento, en una recambio, en un devenir superador, en un reformismo institucional para mejorar la sociedad, en una dirección hacia un “donde” que es el desarrollo, por medio de una ampliación de la libertad. Ahora bien, los intendentes que están por décadas gobernado monarquizando el municipio (como Quindimil de Lanús desde 1973 hasta 1976 y desde 1983 a la fecha; Enrique García, 19 años en Vicente López; Julio Alak —La Plata—, Raúl Othaceche —Merlo— y Hugo Curto —Tres de Febrero—, todos 15 años; etc., y que decir del longevo Elios Eseverri, en Olvarría, un radical K, que además tiene un hijo senador y miembro del Consejo de la Magistratura, y una hija Juez, elegida el año pasado por el órgano donde está el hermano…); los gobernadores que tienen reelección indefinida; los nepotistas y poseedores de “cortes reales” que ocupan el Estado; los dinosaurios mutantes partidarios (como abundan acá para no ir más lejos, personajes que hacen 20 años están dando vueltas en lo mismo, sin una nueva idea que aportar); y los sindicalistas eternizados, todos cuanto se dicen “progresistas”, ¿en verdad lo son? ¿O son más bien “conservadores” del statuo quo, del estancamiento político y social, del gatopardismo de cambiar –de posición- para que nada cambie? Retomando las ideas asociadas de progreso y libertad, ellos han acentuado la esclavitud del clientelismo, la dependencia, la construcción biográfica respecto al verdugo puntero, la recreación de la identidad esclava que el verdadero progreso viene a romper haciendo hombres libres. Al fin, ¿Qué progreso logró el progresista PJ de Buenos Aires a pesar de tener la Gobernación desde 1987 —o sea hace 20 años— y casi todos los intendentes del conurbano? Por eso el presidente no puede jactarse de progresista siendo aliado de todos estos y recreando, como lo hace, las peores prácticas de sus antecesores.
martes, 24 de julio de 2007
Acerca del blog
Que no se cobren impuestos a los que ganan $ 800.
Que el equipo de fútbol más popular de la Argentina sea admirado en el mundo.
Que los chicos tengan 180 días de clase.
Asfaltar toda la Argentina y que con esa sola idea todos tengan trabajo.
Que haya agua corriente y cloacas en todo el país.
Urbanizar las zonas marginadas.
Que cuando nuestros hijos salgan a bailar, nosotros podamos dormir tranquilos.
Hacer una revolución moral.
Una policía preparada y bien paga.
Proyectar un país que exporte cultura.
Tener un proyecto.
Que los chicos puedan tener la educación que necesitan.
Que se pueda volver a circular por las calles.
Que los delincuentes estén tras de las rejas y los vecinos no.
Terminar con las puertas giratorias en las cárceles.
Recuperar los presos.
Que criticar no signifique desestabilizar.
Mirar el futuro más que el pasado.
Saber hacer lo que uno propone.
Crear propuesta republicana.
Eso es pro
INFORMACIÓN I – Nuevos archivos
Saludos,
APORTE I – Identidad y largo plazo: la necesidad de la prudencia electoral
Quizá la frase más definitoria es esta del diputado Pinedo: “Es muy fácil ganar: digo que apoyo a Kirchner y de seguro gano… pero nosotros seguimos ideas, no cargos electorales… no debemos traicionarnos por un escaño de concejal cuando podemos en 2011 lograr el Gobierno de la Nación” (cita no textual).
Ustedes saben que el nuestro es, creo, el único espacio político –partido, porque no es ello una mala palabra- que nació luego de la gravísima crisis de 2001/2002. Pro nace allí, y congloba a distintos actores provenientes de anteriores estructuras; todos al cohesionarse no forman una masa amorfa, una mixtura política, sino que esa convergencia de pluralidad ideológica tiene en común algo que caracteriza a Pro: los planes de gestión. Por eso, y valga la comparación, Pro es como la Argentina en sus albores, que no estaba unida por la sangre (como los europeos) sino que el crisol inmigratorio se unió en su carta magna de 1853. Nuestras plataformas son nuestra Constitución, a ellas nos debemos, y de ahí que seguimos ideas y proyectos, y no cargos electorales en si mismos, sino que esto será una consecuencia de lo anterior.
Digo esto para hacer notar básicamente dos cosas:
1. Somos un partido nuevo, recién llevamos un lustro, que en la historia no es nada, somos muy jóvenes;
2. Nuestra heterogeneidad empero tiene una identidad, que debemos preservar.
Ambas cosas sirven para darnos cuentas que:
A. No debe desvelarnos esta elección, y lo digo por si creemos que tendremos ab initio un triunfo como el de Mauricio en la Capital (no olvidemos que perdió en 2003, y su buenaventura estuvo en persistir);
B. Debemos mantener nuestra identidad, y desprendernos de los oportunismos.
Si nosotros perdemos de vista estas ideas básicas (que son identidad y largo plazo) podemos caer en un electoralismo que nos lleve a la ruina, y permítanme citar dos casos donde la alteración de la identidad lleva a la decadencia: uno ejemplo es el peronismo, que como todo movimiento, al querer abarcarlo todo, engendra su negación al diluirse sus premisas: la fuerzas centrífugas que generaran sus luchas intestinas harán definitivamente que el movimiento se parta, y de hecho, ya en las elecciones de 2003 el PJ no presentó formalmente aunque varios candidatos se decían peronistas; el otro modelo de ambiciones electoralistas de corto plazo que hacen a la pérdida de identidad y la destrucción de un partido es el caso de la UCR, donde los actores de un partido fundado por un liberal como Alem -que enarboló las banderas contra la corrupción del déspota de su momento- se aliaron… con Kirchner, sólo para estar en la foto del poder de turno, y ustedes ven en qué está terminando ese centenario partido, lo que es una lástima.
Somos un partido que mira al largo plazo, que aspira al desarrollo de Argentina, de lo cual piensa en décadas y no en años, por lo que pensando así, está elección es una episódica contingencia: no la canjeemos por nuestro promisorio futuro. Nuestro compromiso debe ser, cualquiera sea el resultado, comenzar a trabajar en día 29 de octubre pensando en 2009, dejando atrás la practica de que terminada la elección, los partidos cierran sus puertas dándole la espalda a la gente.